Representantes del pueblo de la Nación, de distintas militancias y orígenes partidarios, representantes de fuerzas y organizaciones sociales, convencidos de que sólo desde la sincera transversalidad política y social, se puede recuperar la esperanza de un sueño colectivo, de un camino compartido hacia una nueva República Democrática e Igualitaria, que nos haga sentir que empezamos a recuperar la patria, hemos decidido convocar a todos los argentinos y argentinas a discutir y elaborar un proyecto nacional cuya base y límite ideológico y moral se expresa en esta propuesta.

1. Reivindicar la política como instrumento de transformación de la sociedad y el Estado. Afirmar que no hay vieja o nueva política, sólo política democrática y responsable, cuando existe coherencia entre la conciencia, la palabra y la acción. Rechazamos los gestos y valoramos los testimonios.

2. Iniciar, desde este lugar, un camino para refundar la República, hoy viciada de clientelismo, nepotismo, falta de controles, cooptada por poderes mafiosos en los sectores públicos, falta de independencia del Poder Judicial y debilidad del Poder Legislativo. Sólo Repúblicas fuertes son capaces de dar continuidad y sentido a las democracias populares.

3. Terminar con el Estado mafioso, que ha penetrado todas las estructuras de la administración; y devolver al mismo su función y gestión del interés general de la Nación, hoy capturado por los intereses de la economía ilegal y de la concentración económica en un proceso de complicidad y corrupción entre el sector privado y público sin precedentes en la historia.

4. Denunciar la falacia de la política económica independiente de la política social, y afirmar la imperiosa necesidad de una economía que tenga por objeto en todos sus niveles la distribución del ingreso tendientes a la construcción de una ciudadanía social, transformando las políticas sociales focalizadas y clientelísticas en políticas igualitarias de ingreso ciudadano, especialmente para la niñez y la prestación básica universal y estatal para la vejez.

5. Redefinir un proyecto de desarrollo territorialmente equilibrado en todas sus economías regionales, que restablezca el poder de decisión nacional, con miras a la activación del mercado interno y a la exportación. Modificar la actual estructura tributaria en procura de una reforma impositiva progresiva. Asimismo impulsar la industrialización, la pequeña y mediana empresa, la rentabilidad social como base del incentivo, la capacitación y el acceso al crédito, en un país en el que los bancos sor responsables del estancamiento económico.

6. Reformular los contenidos de la educación convencidos de que sólo una formación destinada a construir conciencias morales constituyen las herramientas adecuadas para controlar el proceso tecnocrático y de globalización. Reivindicar la educación pública como el lugar donde se construye la ciudadanía, la igualdad y el lazo social, y no como se pretende, un espacio de sometimiento acrítico para la sobreexplotación de trabajadores calificados.

7. Afirmar que sólo la verdad y la justicia conforman el camino para la defensa y promoción de los derechos humanos, en la medida en que así se garantiza la memoria, que supere en nuestra sociedad el trauma producido por el genocidio de los años ´70.

8. Revertir un modelo económico y social perverso que sumó los desaparecidos sociales a la larga lista de violación de derechos humanos en nuestro país.

9. Reivindicar, en la unidad de la República, la pluralidad de sus voces: las mujeres, los ecologistas, los aborígenes, las minorías y las nuevas identidades.

Sólo la palabra iluminada por la conciencia, junto al coraje cívico de saber que es posible otra República, otro Estado y otros valores, nos permitirá encontrar entre todos una salida inteligente, igualitaria y consistente que enfrente al pensamiento de la ortodoxia tecnocrática y excluyente, que ha dejado entrampada a la política, a la República y a millones de argentinos. Reconstruir la dignidad de nuestra identidad nacional sobre la base de la verdad y de la justicia, es el camino común que debe recorrer cualquier Nación que se precie como tal.

Por ello convocamos a:

• Los trabajadores de la ciudad y el campo, que cotidianamente construyen la riqueza del país y se resisten a ser objeto de nuevas formas de esclavitud.

• Los marginados, los explotados, los discriminados y los excluidos, que reclaman su lugar en la sociedad.

• Los jubilados y pensionados que sufren el desprecio, la indolencia y el abandono.

• Los pequeños y medianos productores urbanos y rurales que se resisten a ser sujetos pasivos de la globalización y la integración regional.

• Los educadores, los científicos, los profesionales y trabajadores de la cultura que luchan por su dignidad, por su salario y por el espacio social y creativo que merecen.

• Los jóvenes y estudiantes, que ven cercenadas sus expectativas y sus campos de acción.

• Los dirigentes sindicales que no se avienen a ser cómplices de la flexibilización y la precarización laboral.

• Los consumidores y usuarios que son víctimas de la rapiña de los monopolios privados amparados desde el Estado.

• Los que, cotidianamente, en todos los lugares del país, protagonizan luchas, esfuerzos, triunfos y derrotas en el camino de la construcción de un mundo mejor.

Quienes formulamos esta convocatoria aspiramos a que vivan en ella, en fin, las mejores tradiciones políticas de la historia argentina: la voluntad de defender la dignidad del pueblo, el sostenimiento sistemático y vigoroso de las instituciones republicanas y de la pureza del sufragio, la lucha por las libertades y por la elevación de la clase trabaja

dora, que encarnaron peronistas, radicales y socialistas. Con ellas sobre la espalda, y con las nuevas políticas que los ciudadanos sean capaces de imaginar y sostener, se proponen participar de la construcción de esa sociedad a la que no están dispuestos a renunciar: una sociedad de iguales, justa, libre y democrática.

CONVOCAMOS: ELISA CARRIÓ, ALFREDO BRAVO, OSVALDO ÁLVAREZ GUERRERO, JORGE RIVAS, MANUEL HERRERA, HÉCTOR POLINO, JUAN DOMINGO ZACARÍAS.

DOCUMENTO

El 24 de octubre de 1999, millones de argentinos votaron para poner fin a una etapa indisolublemente asociada a la hegemonía de las concepciones conservadoras y neoliberales, al fortalecimiento del poder de veto del capital más concentrado, a la colonización del Estado por esos intereses, y a una forma de entender y practicar la política que hizo un culto del desprecio por la legalidad y por la Constitución, de la rapiña y de la impunidad.

No era para menos. La Argentina llegaba al fin de la infame década menemista con una deuda externa que superaba los 160 mil millones de dólares; con una desocupación que superaba todos los índices conocidos, y con trabajadores sometidos a condiciones laborales cercanas a la esclavitud; con una sociedad diezmada por el empobrecimiento y por la exclusión, y atravesada por una fractura que no reconoce antecedentes; con sus sistemas educativo y sanitario desquiciados y carentes de la mínima equidad; con una crisis profunda de las economías regionales y de las provincias; con una concentración feroz en todas las ramas del comercio, la industria y los servicios, agravada por la recesión económica; y con un déficit presupuestario que, pese a las promesas en contrario de los apologistas del equilibrio fiscal, no había dejado de crecer en el último lustro, alimentado por los subsidios al capital y a los señores feudales de las provincias, por la dilapidación de los recursos y por un sistema tributario regresivo que castiga a quienes menos tienen.

Tales calamidades no eran, en modo alguno, efectos no deseados de una transformación en última instancia beneficiosa, como pretendías los beneficiarios del modelo. Por el contrario, constituían la esencia del programa impulsado por la coalición económica y social que se había gestado al amparo de las condiciones creadas por la dictadura militar, la crisis de la deuda externa y el golpe de mercado de 1989, y que tuvo su expresión política en el menemismo.

La disolución del Estado, la fractura de la sociedad y la degradación del sistema político fueron, en la Argentina, un requisito necesario para que la mano invisible del mercado produjera una enorme transferencia de ingresos hacia el capital más concentrado y los acreedores externos, en perjuicio del conjunto de la sociedad.

Cuando la Alianza asumió el gobierno, la coalición conservadora mantenía prácticamente intacta su capacidad de veto, más allá de la vicisitudes electorales. Y más temprano que tarde presentó su pliego de condiciones a la nueva administración. Desde un primer momento resultó claro que estaba dispuesta a dar batalla en defensa del poder, las ganancias, los privilegios y la impunidad adquiridos a expensas de la sociedad en su conjunto.

Así, se manifestó contra cualquier intento de introducir criterios de progresividad tributaria que supusieran una merma, siquiera modesta, de sus fabulosas ganancias. Impulsó una nueva vuelta de tuerca sobre la flexibilización laboral. Reclamó un ajuste fiscal a sangre y fuego. Y siguió bregando por la imposición de nuevas privatizaciones sobre los escasos espacios que aún no responden íntegramente a la sacrosanta ley del mercado, entre ellos la educación universitaria y la salud pública, o lo que queda de ellas.

Entretanto, la sociedad comenzó tempranamente a manifestar signos de decepción. Es que, a poco andar, el nuevo gobierno había hecho suyo un diagnóstico sobre la naturaleza de los problemas que aquejan a la Argentina que, lejos de propiciar un cambio de rumbo, llevaba implícita la profundización del camino emprendido en 1989. En ciertas áreas, recurrió incluso a los mismos protagonistas.

En pocos mese, el gobierno dilapidó gran parte del impulso obtenido con la victoria de octubre. En el contexto de una crisis gravísima, el mero transcurso del tiempo no podía sino jugar en desmedro de la fortaleza de la nueva administración. La obsesión por la gobernabilidad, entendida en los términos en que la plantean el establishment y los funcionarios menemistas, condujo rápidamente a una licuación del poder y a la aceptación sin más de aquel pliego de condiciones, que poco tiene que ver con el cambio y mucho con la persistencia de las condiciones heredadas de diez años de menemismo.

De ese modo, y conforme a la prédica del establishment, la tarea del gobierno de la Alianza debía quedar dramáticamente reducida a la ejecución de las llamadas "reformas pendientes". Ello implicaba aceptar la necesidad de profundizar las reglas propias del mercado desregulado en el ámbito de la economía, pero también uno de los soportes más firmes del pensamiento neoliberal: el sometimiento de la sociedad y de la política a ese mercado. La profusión de economistas y gerentes en puestos claves de la administración obedeció a la misma lógica, y fue un claro signo de cuál era el diagnóstico que prevalecía a la hora de establecer las prioridades del nuevo gobierno.

Tras los largos y dramáticos años del menemismo, y ante la evidencia de un gobierno replegado sobre sí mismo, inclinado a ganar la confianza del establishment y a acumular credibilidad en el cumplimiento de las reformas diseñadas por otros, era inevitable que se acrecentaran las manifestaciones de escepticismo respecto del sistema político y, lo que es aún más grave, sobre la viabilidad de la democracia, tan duramente recuperada.

Ello sucede cuando, obedeciendo a una tendencia que parece ser ley en la política de fin de siglo, las diferencias ideológicas tienden a acortarse, en gran medida como consecuencia de la incapacidad para formular y sostener proyectos políticos que puedan movilizar a la sociedad y transformar la realidad, en lugar de dejarse llevar por ella.

Quienes formulan hoy esta convocatoria han venido trabajando intensamente, durante largo tiempo y desde sus propias fuerzas, a favor de una convergencia de organizaciones sociales y políticas progresistas que permitiera no sólo articular un frente de oposición a la ofensiva del menemismo, sino también sentar las bases para la construcción de un nuevo modelo de país.

En ese sentido, formaron parte de diversas experiencias que gestaron la oposición a la hegemonía del pensamiento único y a la imposición a sangre y fuego de la más cruda lógica de mercado. En un marco donde son los mercados, precisamente, los que conceden legitimidad a los gobiernos, bajo la siempre latente amenaza de la desestabilización, la tarea de reconstruir el sistema político y el Estado aparece como el primer desafío que enfrentan los partidos que no se resignan a ser meras cadenas de transmisión de las demandas del establishment.

Ese objetivo va de la mano con la recuperación de la política, entendida no desde la perspectiva de un estrecho posibilismo, sino como recreación de la esfera pública, como construcción de la autonomía de la sociedad frente al poder económico. Así, la tarea de edificar un nuevo Estado no se agota en las indispensables metas de austeridad y transparencia. Supone también dotarlo de instrumentos y capacidades para imponer a los agentes económicos más concentrados otras reglas que las que ellos mismmos dictan a la burocracia estatal.

El tan meneado desencanto con la política no se nutre sólo de la evidencia de que muchos funcionarios usufructúan del poder para su provecho personal. Deviene también de su incapacidad para transformar la vida cotidiana de las personas, de la ausencia de proyectos capaces de convocar a las fuerzas más dinámicas e innovadoras de la sociedad, y de representar las aspiraciones de los postergados y de los excluidos, siempre pospuestas en nombre de la implacable razón de mercado.

En su momento, la conformación y el posterior triunfo de la Alianza generaron una esperanzada expectativa en amplios sectores de la sociedad. Su voto, que permitió la derrota del menemismo, fue una apuesta al cambio de rumbo. No se trató, por cierto, de una apuesta unívoca; pero las demandas sociales y económicas enfrentadas a la despiadada vigencia del modelo ocuparon, por cierto, un lugar de primera magnitud.

Lamentablemente, esa expectativa ha sido defraudada. Y es imperioso recrear una alternativa por medio de la cual la sociedad recupere protagonismo y deje de estar sometida al chantaje de los poderosos. Es urgente la construcción de una herramienta política capaz de aglutinar los esfuerzos de todos aquellos que quieren para la Argentina un futuro de honestidad y transparencia en el manejo de la cosa pública, pero también un porvenir signado por la justicia social, la equidad y la solidaridad.

La lucha contra toda desigualdad y discriminación, y por la participación efectiva de la sociedad en la determinación de su propio futuro, la promoción de experiencias solidarias de autogestión y organización, la democratización del Estado y de la sociedad toda, la revalorización de la política como espacio de debate y de toma de decisiones colectivas, constituyen un horizonte de trabajo que no puede ni debe ser resignado.

Quienes formulan esta convocatoria no resignan su apuesta a favor del cambio y de la construcción de otro poder, de signo contrario al que ejerció el gobierno durante la última década. Sin creer que están solos en esta tarea, siguen reivindicando los derechos de los trabajadores, pisoteados salvajemente durante la década menemista. Siguen creyendo en la necesidad de dar prioridad a la generación de empleo genuino y estable y rechazan los contratos basura hechos a medida de la conveniencia de las empresas especuladoras.

Sostienen también que, a contramano de los que ha sucedido hasta ahora, los funcionarios del Estado deben estar al servicio de la sociedad y no de los monopolios privados que operan los servicios públicos. Y que habrá que revisar las tarifas y los contratos leoninos, vigilando escrupulosamente el cumplimiento de las metas de inversión y calidad de las prestaciones, frecuentemente ablandadas a pedido de los interesados.

Promueven establecer el control y el poder de decisión nacional sobre los recursos naturales renovables y no renovables y los factores estratégicos del desarrollo económico, que deben estar al servicio del pueblo argentino.

Continúan reivindicando la defensa, la extensión y el perfeccionamiento de la escuela y del hospital públicos, porque están convencidos de que la educación y la salud no son bienes transables en el mercado, sino derechos que el Estado debe asegurar a todos los ciudadanos, sin importar su condición.